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A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil nueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Borinsky, y Carlos Angel Natiello, con la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa número 9.015 (Registro de Presidencia 32.520) caratulada: “A., A. R. s/recurso de casación” conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – CARRAL - NATIELLO.-
A N T E C E D E N T E S
El Tribunal en lo Criminal número 5 de La Plata condenó a A. R. A. a prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y autor de falsificación de documento público, en concurso real.
Contra dicho pronunciamiento vino en casación (fs. 153/187 y vta.) el defensor de su confianza, solicitando la nulidad del juicio, entre otras razones, por violación de los artículos 1, 18, 33 de la Constitución Nacional; 8.1, 8.c de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.1, 14.2 “b” y “e” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; con cita de “Llerena” y la Acordada 23/2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concedido el recurso en la instancia (fs.188/190 y vta) se radica en Sala con debida noticia a las partes y trámite común (194, 202 y vta.).
En la audiencia de informes (325/332) los defensores mantuvieron en todos los términos los motivos expuestos en la presentación originaria, haciendo reserva del caso federal.
Denuncian absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba; parcialidad del Ministerio Público Fiscal al realizar una investigación ilegal, irregular y forzada que permitió elevar a juicio una causa con el solo objeto de buscar la imputación de A., con una demostración aparente producto de una persecución personal del imputado, con cambio de calificación que derivó en un estado de indefensión.
Señalan, entre otras consideraciones, la mendacidad de los testigos P. y G., la vaguedad de sus declaraciones como la de otros más, como así también la relación que tendría la primera con el padre de la víctima.
Solicitan la nulidad de la sentencia por violación de los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; quebrantamiento de la facultad de preguntar y repreguntar a los testigos de cargo y descargo, haciendo referencia a la declaración de R. a cuya incorporación por lectura se opusieron.
Argumentan que las irregularidades se remiten a la orden de detención, auto de prisión preventiva, audiencia, veredicto y sentencia, con afectación de la imparcialidad de los magistrados para intervenir en el juicio, citando doctrina del Supremo Tribunal Europeo, y precedentes como “Herrera Ulloa”, “Quiroz”, “Franzetti”, entre otros.
Refieren, que los jueces se formaron un concepto antes del juicio con el dictado de la prisión preventiva pues al fundamentarla tuvieron por acreditada la incidencia previa del imputado con la víctima.
Dicen que el acusado tiene derecho a un tribunal imparcial y el Estado lo debe garantizar.
Que si el doctor Nardo no hubiese estimado que mediaban razones para excusarse, no lo hubiera hecho.
El Fiscal contestó que la orden de detención como la prisión preventiva no eran actos de persecución sino medidas cautelares, y su dictado no implicó emitir opinión sobre puntos a expedirse en la sentencia.
Que no existió animosidad alguna del doctor Nardo, al apartarse de la causa, sin que esta cuestión fuera aceptada por sus colegas.
Que, sin perjuicio que la nulidad absoluta pueda ser declarada de oficio, jamás se reeditó el planteo por lo que la integración del tribunal quedó legalmente conformada.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia, se plantean y votan las siguientes
C U E S T I O N E S
Primera: ¿Se garantizó el derecho del imputado a contar con un tribunal imparcial?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
La imparcialidad del tribunal es uno de los aspectos centrales en las garantías mínimas de la administración de justicia. Con relación al alcance de la obligación de proveer de tribunales imparciales según el artículo 8.1 de la Convención Americana, la C.I.D.H ha afirmado en ocasiones anteriores que la “imparcialidad supone que el tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice (...) Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la conducta personal del juez ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad” (conf. Informe, caso 11.355, Guy Malary vs. Haití, 27/12/02).
En este camino, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer, si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse un juez, con prescindencia de qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio “no sólo debe hacerse justicia, sino parecer que se hace” (“justice must not only be done: it must aso be seen to be done”, conf. Casos “Delcourt vs. Bélgica, 17/01/70, serie A, nro. 11 párr. 31; “De Cubber vs. Bélgica”; 26/10/1984, serie A, nro.86, párr. 24; del considerando 27) “Quiroga, Edgardo Oscar S/Causa nro. 4302 resuelta el 23 de diciembre de 2004 (CSJN)).
Nosotros ya hemos tenido en cuenta (ver la Sala causa 10614. incidente de competencia) la regla estipulada por la CSJN en cuanto señala “...Cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no
